Quiz: ¿Qué está pasando hoy en Puerto Rico? (Viernes, 12 de mayo)

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Un aumento en la tarifa del agua programado para enero de 2018 tendrá que ser lo suficientemente grande como para asegurar ingresos de unos $1,020 millones a la Autoridad de Acueductos Alcantarillados (AAA). 

Según El Nuevo Día, esta fue la meta que le impuso la Junta de Control Fiscal a la entidad en alzas tarifaria. Esto, sumado a la reestructuración de la deuda de la AAA y reorganización interna que generaría unos $1,128 millones adicionales.

“En la medida que podamos mejorar los números de la renegociación de la deuda, podremos aminorar el alza en la tarifa. Vamos a tratar de maximizar la reestructuración”, dijo al rotativo el presidente ejecutivo de la AAA, Elí Díaz Atienza.

Bajo la consideración de la Cámara de Representantes está un proyecto que le permitiría a un empleado retar las indicaciones de un patrono si entiende que estas violentan sus principios religiosos.

El Proyecto de la Cámara 1018 fue presentado a principios de esta semana y ya ha levantado bandera de distintas comunidades, entre ellas la comunidad LGBTTQ, quienes consideran que esta medida da pie para el discrimen laboral.

“Esta no es una ley para discriminar contra nadie, es para proteger el derecho constitucional que tiene una persona de practicar una fe, cualquier fe, cualquier religión”, manifestó la representante María Charbonier en entrevista con El Nuevo Día.

El Departamento de Transportación y Obras Públicas(DTOP) advirtió a la compañía de transporte UBER que de sus conductores continuar entrando a las áreas restringidas por la ley 282, les estaría suspendiendo el servicio.

Esta ley prohíbe que los conductores de UBER recojan pasajeros de muelles, hoteles, aeropuertos y estaciones de taxis reconocidas por Turismo.

El secretario Carlos Contreras le envió una carta a Uber en la que les advertía que de no apagar la aplicación en las zonas restringidas del mapa, este estaría suspendiendo el servicio.

Según el representante del Gobierno ante la Junta, Elías Sánchez, serán decenas de millones. El Gobierno de Puerto Rico aún le debe a la firma que lo representó anteriormente unos $5.3 millones.

Los congresistas puertorriqueños Nydia Velázquez y José Serrano denunciaron ayer que las medidas impuestas por la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico hal llegado “demasiado lejos”

“Tememos que la Junta haya ido demasiado lejos con las medidas de austeridad impuestas. Si bien todos estamos de acuerdo en que las reformas estructurales son necesarias, algunas de las medidas requeridas por la Junta para ser incluidas en el plan fiscal van más allá del simple endurecimiento del cinturón y socavan el crecimiento y la demanda de los consumidores en una economía que ya está tambaleante”, indicaron los congresistas en una misiva dirigida al presidente de la Junta de supervisión Fiscal, José Carrión.

Los congresistas señalaron que la Junta debe proponer que el gobierno de Puerto Rico se abstenga de pagar el servicio de la deuda por los próximos cinco años o “hasta que la economía vuelva a crecer”.