Columna: ¿Cómo se quebró el gobierno de Puerto Rico?

Desde el inicio del proceso de industrialización, iniciado en la década del 1940, la emisión de deuda fue el vehículo que utilizó el Gobierno para financiar el desarrollo de infraestructura y proyectos para apoyar el desarrollo económico.

En diversas instancias, algunos gobiernos incluso recurrieron a emitir deuda pública para enfrentar situaciones económicas adversas, como fue el caso de la primera administración de Rafael Hernández Colón (1973-76).

Durante ese período de tiempo, la deuda aumentó de $2,991 millones a $5,587 millones, y el entonces gobernador tuvo que recurrir a otras medidas drásticas y nuevos impuestos, para mitigar la crisis económica provocada por el embargo petrolero de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Durante ese período, la economía tuvo un crecimiento anual promedio de en un 1.4 %. 

Entre el 1977 y el 1984, bajo la incumbencia del gobernador Carlos Romero Barceló, la deuda aumentó de $5,962 millones a $8,693 millones, dentro de lo que fue un período de cambios al modelo económico, incluyendo el comienzo de la Sección 936 en el 1976. Excepto por la recesión del 1982-83, la economía tuvo un crecimiento significativo experimentando tasas de entre 3.9 % y 5.4 %, para el período de 1977 al 1979. El crecimiento económico en el 1984 fue de 3.8 %, como parte del proceso de recuperación. 

En la segunda administración de Rafael Hernández Colón, entre el 1985 y el 1992, la economía experimentó un proceso de crecimiento razonable con tasas anuales de entre 3 % y 4 % hasta llegar al período de 1991-92, cuando la economía se creció por debajo de 1 %. Durante ese período, la deuda aumentó de $8,837 millones a $13,822 millones. Este crecimiento se dio en un contexto de una expansión significativa de la base industrial, particularmente de empresas intensas en capital vinculadas al conglomerado farmacéutico. 

Entre el 1993 al 2000, la deuda pública aumentó de $14,242 a $23,822 millones, en el contexto de un aumento en el desarrollo de proyectos de infraestructura financiados por el gobierno, como el Coliseo de Puerto Rico, el Tren Urbano, y el Centro de Convenciones, entre otros. El costo combinado de estos tres proyectos fue de $2,968 millones. 

Se inició también la privatización del sistema de salud del gobierno, que actualmente le cuesta Fondo General sobre $2,000 millones. La economía tuvo un crecimiento significativo que ocurre de forma paralela a la expansión de la economía de los Estados Unidos y el efecto directo de la fuerte inversión pública de los mega-proyectos de infraestructura financiados con nueva deuda.  

Entre el 2001 y el 2012, la deuda pública experimentó un crecimiento abismal, creciendo de $25,184 hasta $71,345 millones en el 2014. Esta expansión en la deuda pareció ser la respuesta de los gobiernos durante el período de transición provisto al derogarse en 1996 la Sección 936.

La administración Rosselló (1993-2000) expandió la deuda y la utilizó para obras de infraestructura y financiar su principal proyecto social "La tarjeta de salud". Sin embargo, esta expansión no tomó en cuenta la desaceleración económica que provocaría el fin de la Sección 936. 

La economía comenzó a debilitarse lo que provocó el inicio de la reducción de la base contributiva compuesta por las corporaciones, la inversión de esas empresas comenzó a reducirse y, para el 2001, comienza el cierre docenas de plantas manufactureras. A partir de entonces, aumentó la dependencia en la emisión de deuda como un mecanismo para financiar gastos operacionales, o los llamados déficits fiscales estructurales.  

Por ejemplo, en el 2006, junto con el Impuesto de Venta y Uso (IVU) se crea la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (Cofina) como un mecanismo para proveerle fuente de repago a la deuda extra-constitucional y evitar una degradación crediticia.

La deuda de Cofina actualmente asciende a $15,223 millones, y gran parte de la misma se ha utilizado para financiar los déficits fiscales resultantes de la contracción económica. Las corporaciones públicas también se endeudaron y muy poco de este dinero se utilizó para financiar nuevas obras públicas.  

El estancamiento que comenzó a experimentar la economía a partir del 2001 agudizó la dependencia en la emisión de deuda pública como mecanismo para estimular actividad económica y financiar los gastos operacionales. La caída en la inversión privada como proporción del Producto Nacional Bruto (PNB) contrasta con el aumento en la emisión de deuda pública como proporción de la producción agregada del País. 

La relación entre la deuda y el PNB se elevó de 55.9 % en el 2001 a 96.5 % en el 2013.

Los gobiernos se alejaron de los más básicos principios macroeconómicos y de prudencia fiscal, pavimentando la ruta a la actual encrucijada. 

¿Qué hicieron mal? 

  • Se ignoró la caída económica y su efecto en la reducción en la base contributiva, que implicó una reducción en los ingresos fiscales, generando el déficit estructural. 
  • El Gobierno central y las corporaciones públicas aumentaron su deuda durante el mismo período en que el crecimiento económico y los recaudos comenzaron a reducirse. Y para completar la "tormenta perfecta", el colapso de la economía aceleró la crisis fiscal que trató de ser contrarrestada con mayores impuestos a las empresas e individuos. 
  1. El análisis de la deuda por período de gobierno utilizó como fuente los Informes Económicos al Gobernador para los respectivos períodos.  También se utilizó de referencia el libro "La Economía Política de Puerto Rico: 1950 - 2000" del Dr. Eliezer Curet Cuevas.
  2.  Un déficit fiscal estructural ocurre cuando de forma recurrente por un prolongado período de tiempo, los gastos exceden los ingresos del gobierno.  En el caso de Puerto Rico el problema estructural de la economía ha provocado una deficiencia permanente en los ingresos del gobierno. 
  3.  La deuda extra-constitucional era deuda en la que incurrió el gobierno por vía de préstamos y líneas de crédito otorgadas por el Banco Gubernamental de Fomento a agencias del gobierno central y que no tenía fuente definidas de repago.  En el 2005 esta deuda ascendía a cerca de $7,000 millones. 

Gustavo Vélez es un economista puertorriqueño autor de los libros sobre la crisis económica en Puerto Rico "La luz al final del túnel" y "El Último Tarjetazo: De la Chatarra a la Oportunidad". Fue nombrado por Richtopia como uno de los economistas más influyentes del mundo en las redes sociales y medios digitales en el 2016. Actualmente, es el presidente de la firma Inteligencia Económica, Inc.